El potencial de crecimiento de la industria aseguradora es muy amplio en el país, porque sólo 1 de cada 5 mexicanas y mexicanos cuenta con la protección de un seguro, el 10% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos y el 19% de las personas activamente activas tiene un seguro de vida individual.
Además, México ocupa el lugar 23 entre los países con riesgo catastrófico alto por eventos de la naturaleza; el 45% del territorio y el 31% de su población están expuestos a más de un riesgo por fenómenos naturales, lo cual vulnera a cerca de 77 millones de personas.
Ante este contexto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) presentó cinco propuestas para contribuir al bienestar y promover una visión integral, sostenible e inclusiva desde la industria aseguradora, ya que los seguros juegan un rol de protección del patrimonio de las familias y de la sociedad en su conjunto.
De acuerdo con Norma Rosas Rodríguez, directora general de la AMIS, el sector asegurador juega un importante rol de protección del patrimonio de las familias y de la sociedad en su conjunto, ejemplos de esto son la emergencia sanitaria de Covid-19 y el embate del huracán Otis en Guerrero, que se colocan como el primer y tercer eventos catastróficos por los que más ha pagado la industria.
Por la pandemia, las aseguradoras pagaron 3 mil 38 millones de dólares; mientras que por el huracán Otis, y aún con valuaciones en curso, los daños registrados ascienden a más de 37 mil millones de pesos.
La AMIS, que está integrada por 85 instituciones de seguros y reaseguradoras, que representan 98% de las primas del sector asegurador mexicano, propone impulsar el crecimiento de este sector en temas como: acceso a la salud con calidad, protección a las víctimas de siniestros viales, resiliencia ante desastres, protección económica para el retiro y seguros inclusivos
¿De qué se tratan las propuestas?
- Acceso a la salud con calidad. En 2022, el gasto de bolsillo ascendió a 49%1 del total del costo que representa la salud. Sólo 10%2 de los mexicanos tiene un Seguro de Gastos Médicos Mayores.
Ante el envejecimiento de la población, la alta incidencia de enfermedades crónico- degenerativas, así como la necesidad de reforzar la viabilidad financiera de los sistemas de salud para garantizar el acceso a toda la población, la AMIS propone la participación de los seguros privados en el financiamiento de la salud y como complemento a los servicios de salud públicos.
- Protección a las víctimas de siniestros viales. México es el único integrante del G20 y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que carece de una política pública que proteja a las víctimas de siniestros viales. Actualmente, 7 de cada 10 vehículos no tiene ningún tipo de seguro para garantizar la protección de víctimas de siniestros viales.
Por ello, desde el sector asegurador se propone extender la obligatoriedad del seguro de protección a víctimas de siniestros viales a través de su inclusión en los marcos legales estatales y federales, pues 22 de las 32 entidades cuentan con un marco regulatorio para que los vehículos cuenten con al menos la cobertura de “Responsabilidad Civil de Daños a Terceros”.
Además de incluir mecanismos de fiscalización del seguro de responsabilidad civil vehicular en el marco jurídico, dijo Juan Patricio Riveroll, presidente de la AMIS, quien consideró que hace falta voluntad política para consolidar que en todo el país exista la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con la mínima cobertura de responsabilidad.
- Resiliencia ante desastres. Las aseguradoras proponen crear una estrategia Integral de Administración de Riesgos, incluido el seguro para el sector agropecuario; impulsar el subsidio al seguro agropecuario para incrementar la resiliencia de los productores de bajos ingresos; promover que todos los estados cuenten con un Estudio de Gestión Integral de Riesgos para optimizar sus esquemas de aseguramiento.
Además, impulsar mecanismos que promuevan el aseguramiento voluntario de empresas y familias, a través de estrategias de colaboración público-privadas mediante el pago de servicios públicos y seguros para los primeros gastos en una emergencia, fomentar el seguro de crédito a la vivienda como mecanismo de protección para facilitar las condiciones de adquisición de vivienda.
- Protección económica para el retiro. La reforma a la Ley del Seguro Social permitirá que algunas generaciones tengan una tasa de reemplazo de 60%, es decir, como porcentaje de su último sueldo, mientras que para otras generaciones ese porcentaje será de 30%.
Eso sin considerar que 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabaja de manera independiente o informal y no tiene una cuenta de Afore, lo que representa un reto para alcanzar un retiro digno.
La propuesta es ampliar el alcance y modalidades de las rentas vitalicias para incrementar el monto de las pensiones y la oferta disponible a través de esquemas de cuentas de retiro voluntarias ofrecidas vía nómina.
- Seguros inclusivos. Ante una eventualidad, la población tiene que recurrir a ahorros, préstamos o vender su patrimonio para resarcirla, sólo 1 de cada 5 personas tiene un seguro en México, lo que pone al resto en una condición de vulnerabilidad.
Los seguros inclusivos son una herramienta clave para proporcionar a las familias y micropequeñas y medianas empresas una red de protección económica que reduzca sus vulnerabilidades y crear mayor bienestar.
La propuesta es complementar el alcance de los Programas Sociales (Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, entre otros), mediante una colaboración público-privada para brindar la protección de microseguros de acuerdo con las características de los beneficiarios.