Ante el deceso de un colaborador, la Ley Federal del Trabajo es clara: las empresas deben entregar salarios pendientes, vacaciones, aguinaldo proporcional y, en su caso, indemnizaciones.
Sin embargo, un problema frecuente es que no existan beneficiarios designados, por lo que el procedimiento especial que la familia debe iniciar ante un juzgado laboral puede tomar más tiempo y generar incertidumbre tanto para los deudos como para la compañía.
En algunos casos, este tipo de juicios pueden extenderse durante meses, derivar en pagos duplicados o incluso, en sanciones para la empresa.
Estefanía Rueda, socia del despacho Littler especializado en derecho laboral, comparte:
“No se trata de un asunto lejano. Cualquier empresa puede enfrentar la muerte de un colaborador y lo que parecía un trámite sencillo puede convertirse en un litigio complejo si no se toman medidas preventivas”.
El fallecimiento de un empleado es un momento difícil, pero con prevención se evitan conflictos y se brinda certeza tanto a la familia como a la empresa.
Es por ello que la mejor práctica es anticiparse con políticas claras y beneficiarios designados desde el primer día.
Algunas recomendaciones, son:
- Mantener una colaboración activa con la autoridad y la familia: actuar con sensibilidad y cumplir el pago lo antes posible, siempre documentando adecuadamente.
- Asegurar la designación de beneficiarios en el contrato individual: si no se tiene, promover un adéndum y permitir actualizaciones periódicas.
- Contar con un directorio actualizado de contactos de emergencia: incluir domicilios y datos de familiares para facilitar cualquier gestión.
- Evitar pagos directos sin certeza: realizarlos cuando se confirme que no existen más dependientes económicos y siempre mediante convenio.
- Vincular el tema con la cultura de previsión: aprovechar campañas como el Mes del Testamento para sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de dejar todo en regla.
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