En un país en donde 17 de las 21 personas más ricas son hombres, gravar la riqueza ayudaría a combatir la desigualdad de género, señaló un nuevo informe de la organización civil Fundar.
“Desde una perspectiva feminista y de justicia de género, gravar la riqueza es crucial para reducir los altos niveles de desigualdad y redistribuir los recursos en beneficio de los derechos humanos y a la autonomía económica de las mujeres en todas sus diversidades”, se lee en el informe elaborado en conjunto con la organización de Argentina Asociación Civilpor la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Andrea Larios, investigadora de Justicia Fiscal de Fundar, indicó durante la presentación del informe que la manera en que el Estado recauda impuestos está estructurado para dejar a las mujeres en una situación de desventaja, por lo que se necesita avanzar de una manera mucho más activa para lograr corregir la manera en que opera actualmente.
Si bien en el actual sexenio se han adoptado medidas para aumentar la recaudación de impuestos sin una reforma fiscal, la organización civil señaló que los impuestos a la riqueza y a los altos ingresos son necesarios, además de reducir los privilegios fiscales y los abusos corporativos.
Los impuestos que pueden ayudar a gravar la riqueza — y que en algunos casos se recaudan de manera local — son el predial, impuesto a las herencias, impuesto a las donaciones multimillonarias, así como la tenencia vehicular.
“Tenemos que evaluar a quiénes benefician los privilegios tributarios, como las deducciones, exenciones, tasas reducidas y cualquier otro tratamiento tributario preferencial. El gasto tributario – la suma de lo que se deja de percibir por dichos beneficios – erosiona el sistema y se dejan de percibir recursos para la provisión de servicios universales y de calidad”, aseveró Verónica Serafini, especialista en género y macroeconomía de Latindadd.
En este sentido, Andrea Larios destacó que se ha observado que, en las deducciones de ISR, los grandes beneficiados son los hombres a comparación de las mujeres. Dichas deducciones tienen que ver, por ejemplo, con donativos, colegiaturas, seguros de gastos médicos mayores, entre otros.
El informe muestra que estos gastos fiscales para personas físicas y empresas dejan una gran renuncia recaudatoria al erario público. En el 2023, por ejemplo, el monto que se dejó de recaudar equivale al costo que tendría financiar un Sistema Nacional de Cuidados, el cual podría llegar a costar hasta 1.4% del PIB.
“Hacer frente a esta injusticia fiscal, de la que se benefician en su mayoría las empresas y los hombres de más altos ingresos, es necesario evaluar aquellas renuncias que son regresivas desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, además de regular buenas prácticas para su aprobación a través de procesos transparentes y con criterios claros y objetivos”, añadió la organización civil.