En México, casi nueve de cada 10 trabajadoras agrícolas no cuentan con seguridad social, es decir, viven en la precariedad y sus derechos laborales son violados mientras que ellas son parte importante de quienes sostienen la seguridad alimentaria del país, de acuerdo con Unidas Red de Mujeres por el Trabajo Justo.
Dentro de su informe Sembrando el Cambio la red destacó que 86.6% de las jornaleras no cuenta con IMSS, con lo que las empresas recurren a prácticas ilegales como entregar “pases” médicos en caso de que ocurran accidentes laborales.
En total, son 368,000 mujeres agrícolas, que representan 12.7% de la población total que se dedica a este sector. De este monto, casi la mitad de ellas (48%) vive en lo que se denomina como pobreza multidimensional, es decir, no tienen garantizado al menos uno de sus derechos sociales – acceso a la salud, educación, seguridad social, vivienda y alimentación, además de no contar con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades.
“Nosotras, las trabajadoras agrícolas, sostenemos la alimentación del país (…) 90% de nosotras no tiene un contrato formal y 86% no tiene seguridad social. Eso significa que cuando enfermamos, nos accidentamos o envejecemos trabajando quedamos desprotegidas”, aseveró Nubia Díaz, integrante de la Unión de Jornaleras Agrícolas.
Desigualdad en el trabajo agrícola
La jornada de estas mujeres empieza alrededor de las 4:00 de la mañana, relató Nubia Díaz. Para llegar a sus zonas de trabajo, deben tomar el transporte público, en su mayoría inseguro, para llegar a los campos y ahí, mientras laboran, respirar plaguicidas sin ningún tipo de protección.
“Si nos enfermamos, sólo recibimos un pase para atención médica de emergencia, pero no tenemos derechos reales ni cotizaciones para una pensión. Muchas seguimos trabajando embarazadas, sin descanso ni licencia, y con miedo a ser despedidas. Aún así, cultivamos los alimentos que llegan a las mesas de México y otros países”, agregó la jornalera.
De acuerdo con el informe de la Red, uno de los riesgos de trabajo que han sido más identificados por las jornaleras ha sido el tema de los plaguicidas y otros químicos que se riegan en los cultivos, que pueden causar efectos crónicos y cancerígenos, así como migrañas y dolores de garganta. Además, las jornaleras se enfrentan a la deshidratación, golpes de calor y cáncer de piel como resultado a la constante exposición al sol.
Para atenderse, las trabajadoras agrícolas deben acudir a centros de salud que están lejanos a su hogar y/o lugares de trabajo, lo cual implica tiempo descontado por parte de sus patrones.
En este sentido, exigió se garantice el cumplimiento de la ley mediante una vigilancia efectiva y transparente de la inspección laboral con perspectiva de género, además de asegurar la afiliación real al IMSS, y se implementen protocolos contra la violencia y discriminación.
Trabajadoras agrícolas solicitan ser consideradas para el Sistema de Cuidados
Además de las condiciones precarias de trabajo, las trabajadoras agrícolas en México tienen que vivir una sobrecarga de labores de cuidados, haciendo así una doble jornada que las deja agotadas.
“(La falta de contratos y seguridad social) significa que no tenemos acceso a guarderías ni servicios básicos que nos permitan estar presentes en la vida de nuestros hijos e hijas por el trabajo (…) este informe también muestra la realidad de la doble jornada. Al terminar cada jornada en el campo, seguimos trabajando en casa”, lamentó Nubia Díaz.
Señaló que la reducción de las guarderías en la última década ha generado que muchas jornaleras abandonen sus empleos o bien, lleven a sus hijos e hijas al campo, arriesgándolos también a enfermedades y afectando su desarrollo.
Por lo anterior, pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum que se considere a las jornaleras para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, el cual ha sido una de las promesas de la mandataria para enfrentar los desafíos que presenta el tema de cuidados en México.
“Cada guardería abierta puede cambiar la vida de miles de familias. No queremos calidad ni promesa. Queremos que se cumpla la ley, que se reconozca nuestro trabajo y que se construya un sistema de cuidados en el futuro”.
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